“La separación de iglesia y estado significa que el estado no puede privilegiar una religión, pero además significa que no puede promover ninguna religión, ni siquiera dando igual acceso. Es por esa razón, en protección de la estructura constitucional de nuestra democracia, que la organización Humanistas Seculares se ha dado a la tarea de alertar, educar y promover acciones legales para proteger esa separación y así proteger el derecho de todos los puertorriqueños a vivir en una verdadera democracia. “Aunque un decreto no tiene fuerza vinculante sí establece una preferencia por la religión y un discrimen contra los que no pertenecen a ninguna religión”, afirma la Lcda. Mariana Nogales, asesora legal de la organización Humanistas Seculares, refiriéndose a los decretos de ayunos que han promovido algunos municipios. Al respecto de estos ayunos un senador del PNP, José Pérez Rosa, ha dicho que en los municipios donde se han celebrado los ayunos “ha bajado la incidencia criminal, ha traído prosperidad a esos municipios”. Obviamente no creo que esa sea una estrategia muy inteligente contra el crimen, aunque parece ser una manera fácil de salir del debate sobre la constitucionalidad de los ayunos.”

“La Lcda. Mariana Nogales no ha dicho que otro de los problemas que estos ayunos traen es que existe una gran falta de transparencia. “El 16 de enero de 2015 tuvimos que presentar cuatro demandas de mandamus a Mayagüez, manatí, Arecibo y Yauco. Yauco entregó información incompleta lo cual evidencia la falta de registro y contabilidad.” Esta preocupación es más seria de lo que creemos si consideramos que este tipo de actividad se ha convertido en parte de la política pública, donde se están invirtiendo millones de dólares del estado por medio de la Oficina de Base de Fe (OBF), los cuales se están administrando sin la transparencia que ameritan. Otro de los aspectos que demuestra cómo el sector religiosos se impone, por medio del miedo, ante el sector político es la exención que se ha hecho a las iglesias de la aplicación del IVA. “A menos que indiquen un beneficio social constable con date empírica”, ha manifestado la Lcda. Nogales, esa exención no es razonable.”